EEUU: Un sistema caro




Modelos Legales del Mundo II
Ésta es la segunda entrega de los posts de los sistemas legales de los estados más relevantes del mundo.
La complejidad de la Justicia norteamericana la hace demasiado costosa para muchos ciudadanos en la vía civil.
“Díganle a mi familia y a mis amigos que los quiero.  Díganle al gobernador que acaba de perder mi voto. Y aceleren todo esto: me muero por salir de aquí”. Tal y como demandaba en sus últimas palabras, Christopher Scott Emmett no tuvo que esperar mucho más para salir de ahí: sólo los minutos que tardó en hacer efecto la dosis letal que le inyectaron en una cárcel de Virginia. Convicto del asesinato de un compañero de trabajo, Emmett es hasta hoy el último de la larga lista de ejecutados por el sistema de Justicia en Estados Unidos.
La pena capital, que se sigue aplicando en más de una treintena de los 50 estados del país, representa la cruz de un sistema judicial enormemente complejo, hay tantas jurisdicciones como estados, con sus diversos modos de elección de jueces, fiscales y sus propias leyes en todos los ámbitos, pero que destaca por dos características fundamentales: el alto precio de los procedimientos y la extrema litigiosidad.
Según todos los expertos, la celeridad de la vía civil es similar a la española. Pero, para las empresas, “es inmensamente más costoso litigar en EEUU que en España”, asevera Camilo Cardozo, asociado senior de DLA Piper en Nueva York. Y la clave está en el procedimiento probatorio civil, conocido como discovery. “Cuando presentas una demanda, el demandado está obligado a entregar al demandante todos lo documentos que guarden relación con el sujeto del litigio”, afirma. Esto puede incluir emails internos de la compañía y un sinfín de papeles que cuesta caro obtener. Además, “el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos. Y estas declaraciones tienen valor probatorio durante el juicio”, asegura el letrado, con ocho años de experiencia en litigios en la capital financiera del mundo.

A la complejidad del procedimiento se une el hecho de que gran parte de su peso recae sobre los abogados. “El salario de los letrados por hora facturada es similar o un 20% mayor que en España”, explica Albert Garrofé, socio director de la oficina en Nueva York de Cuatrecasas. Sin embargo, “facturan muchas más horas”, porque son “los abogados los que dirigen el proceso”, subraya.

No es de extrañar, pues, que un porcentaje muy bajo de las demandas acaben en juicio. “Alrededor del 90% de los procesos se solucionan antes de la sentencia, mediante acuerdo.”, indica Garrofé. Como en EEUU no hay condena en costas y, por lo tanto, hay que asumir unos costes legales elevados en cualquier caso, es preferible llegar a “un mal acuerdo que tener un buen juicio”, ratifica el abogado de Cuatrecasas. Antonio Herrera, el socio director de la oficina en Nueva York de otro de los grandes bufetes españoles, Uría Menéndez, se muestra de acuerdo: “Las empresas toman decisiones económicas. Por lo general, llegan a un acuerdo sin asumir ningún tipo de responsabilidad”.

La carestía del acceso a la Justicia es precisamente uno de los aspectos más criticados del sistema estadounidense. En la vía penal, todo acusado goza del derecho a un defensor de oficio, pero no ocurre lo mismo en la vía civil. Sin embargo, hay numerosos letrados que asumen los costes iniciales del procedimiento a cambio de una remuneración elevadísima (de hasta el 30% o más del total) en caso de victoria judicial. Se trata de los abundantes casos por responsabilidad extracontractual, cuyas indemnizaciones pueden ser astronómicas, puesto que el juez puede imponerlas no sólo para resarcir el daño, sino con afán ejemplificador, lo que se conoce como punitive damages.

Pero las principales críticas al sistema norteamericano van dirigidas contra la jurisdicción penal, según Luis García del Río, del bufete homónimo. “Se ve con cierta preocupación la seguridad jurídica en el ámbito penal ya que el número de condenas conseguidas puede actuar como factor de prestigio en la carrera política de los fiscales, como en el caso del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer”, afirma.

La elección de los jueces: del voto popular al mérito

Desde 1829, el sistema básico de elección de los jueces estatales es el del voto popular: los candidatos apoyados por diferentes partidos políticos compiten en las urnas por la plaza. A partir del siglo XX, se intentó la elección sin que los jueces se identificaran con ningún partido, pero en la práctica resultó difícil.

En 1940, Missouri adoptó un sistema diferente, que fue adoptado por otros estados: el gobernador nombraba al juez a partir de una serie de candidatos presentados por un panel de expertos. Estos sistemas sobreviven hoy, junto al nombramiento directo por el gobernador o el legislativo, que se da en unos pocos estados.
Expansión Jurídico.


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