El Defensor del Pueblo alerta de la falta de medios en la atención consular a los españoles en el exterior

La Oficina del Defensor del Pueblo ha alertado que España necesita tener más personal y más medios materiales destinados a la atención consular de sus ciudadanos en el extranjero, sobre todo en aquellos países donde más ha aumentado la presencia de españoles, fundamentalmente en otros Estados europeos.

Así figura en el informe anual correspondiente a 2013 de esta institución que dirige Soledad Becerril, al que ha tenido acceso Europa Press. “El aumento de la presencia de ciudadanos españoles en el extranjero, fundamentalmente en otros países europeos, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios personales y materiales que permitan prestar el servicio de manera adecuada”, señala el documento.

Cita como ejemplo el sistema de cita para la obtención o renovación de documentación del Consulado General de España en Londres, que vio aumentar de 60.815 a 73.035 el número de compatriotas residentes de 2010 a 2012, además de que absorbió parte de la carga de trabajo que llevaba el Consulado en Manchester, cerrado en 2011, mientras ese año perdió un 25 por ciento de su plantilla.

El Defensor también hace referencia al Consulado General en Bruselas, que cuenta con una plantilla de 18 personas para atender a una cifra “muy superior” a los 57.000 españoles que figuran inscritos en ese Consulado. Aunque es obligatorio registrarse en el Consulado correspondiente cuando se reside en el extranjero, lo cierto es que no todo el mundo lo hace.

El informe del Defensor llama la atención sobre la reducción del número de empleados en el Consulado de Bruselas (de 37 en 1996 a los 18 actuales) cuando en los últimos años “la cifra de residentes se ha multiplicado por 2,2”.

Año tras año el Defensor hace un seguimiento de la atención prestada a los presos españoles en el extranjero, detenidos en su gran mayoría por delitos relacionados con la tenencia y tráfico de drogas y que, a fecha de 31 de diciembre de 2013 ascendían a 2.027 personas.

Supresión de ayudas

El año pasado, la institución que dirige Soledad Becerril pidió a la Dirección General de Españoles en el Exterior información sobre las oficinas consulares que suprimieron las ayudas económicas que pueden dar a los presos en el caso de que el penal donde estén recluidos no cubra sus necesidades mínimas de alimentación, higiene y salud.

Aunque esta actuación iniciada por el Defensor del Pueblo se encuentra aún abierta, la institución ha tenido conocimiento de que Exteriores acordó en 2012 “no autorizar la entrega de ayudas en Grecia, Chipre, Polonia, Portugal y Singapur y que durante 2013 se retiraron también en Japón, Lituania, Malta y la República Eslovaca”.

El Defensor del Pueblo también hace un seguimiento en su informe de las peticiones que han hecho presos españoles para ser trasladados a España para cumplir aquí el resto de la condena, un trámite que requiere en primer lugar la existencia de un convenio bilateral o internacional en la materia que afecte a los dos países implicados.

Según los datos remitidos por el Ministerio de Justicia al Defensor, el Consejo de Ministros aprobó el traslado a España de 358 personas, sobre un total de 392 solicitudes recibidas. A 31 de diciembre se habían hecho efectivos 267 de los 358 expedientes aprobados.

“La mayor o menor rapidez para llevar a cabo un traslado depende no solo del Ministerio de Justicia español, sino sobre todo de la voluntad y rapidez en la remisión de la documentación por parte del otro Estado”, concluye el informe.

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